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4 de octubre de 2018

Programa de Apoyo a Víctimas también aborda la Trata de Personas

Cada año en el mundo, miles de personas son captadas, engañadas y amenazadas. La trata es una explotación para la realización de trabajos forzados, que puede ser de carácter sexual e incluso para la extracción de órganos. En nuestro país, desde el año 2013, se trabaja para proteger, orientar y resguardar a estas víctimas.

En Chile, el Programa Apoyo a Víctimas coordina el Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas de Trata de Personas que forma parte del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas. A través del Protocolo, organismos públicos, internacionales y ONGs prestan asistencia de diversa índole a las víctimas de este delito, con el fin de garantizar el ejercicio de sus propios derechos: alojamiento, alimentación, regularización migratoria y acceso a condiciones de vida mínimas que impliquen una mejora a su situación post explotación.

Los Centros de Apoyo a Víctimas (CAVD), desplegados en todas las regiones, gestionan la entrega de los servicios en su territorio. “Cuando detectamos un caso actuamos como coordinadores y derivamos hacia la red las necesidades o demandas que tiene la víctima de trata”, señala Roxana Carreño, coordinadora del CAVD Linares ante el Consejo Técnico Asesor (CTA) de la Gobernación.

La provincia de Linares está en alerta. Según el reporte entregado por la Mesa Intersectorial de Trata de Personas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la región con mayor cantidad de víctimas es el Maule, con un 52% del total nacional. Ante esto, la Gobernación creó la subcomisión llamada Migración. “Como nuestra región tiene un alto índice de estos delitos en caso de volver a presentarse, las instituciones tienen que saber cómo actuar”, añade Carreño.

La Coordinadora Nacional de Casos del Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas de Trata de Personas, Daniela Madsen, asegura que las capacitaciones que realizan los CAVD a nivel nacional permiten explicar el fenómeno del delito. “Las redes de trata ofrecen ofertas de trabajo muy atractivas que surten las necesidades iniciales que tiene cualquier migrante: un lugar donde llegar, un trabajo, una situación migratoria regularizada. Estas bandas muestran ofertas que cumplen con todas esas expectativas y se aprovechan del desconocimiento y de la vulnerabilidad de las personas”, dice Madsen.

Luego, en el traslado, explica la Coordinadora Nacional, les quitan los documentos de identificación y quedan atrapados en la red. “Les dicen: `nosotros invertimos dinero en ti y ahora estás en deuda con nosotros´. Obviamente nunca les pagarán lo que habían prometido. Esta deuda nunca es pagada, porque después les cobran la alimentación, el alojamiento, en fin, les cobran todo”.

Asimismo, se explica la realidad social de los países de origen para comprender el porqué de estos abusos. “Muchos vienen de contextos sociales donde la violencia y el abuso de poder están naturalizados. Son personas que desconocen sus derechos y desconfían de las autoridades de sus países. La dinámica de sometimiento es muy fuerte”, indica Daniela Madsen.

¿Cómo funciona el protocolo?

Activación

Cuando una víctima de trata llega a una institución que participa en el Protocolo, un funcionario, con conocimientos previos del delito, elabora un informe de valoración integral para dar cuenta de los antecedentes de la persona. En el reporte debe identificar sus necesidades a partir de la ocurrencia del delito.

Valoración

El documento se envía al CAVD local y con ese informe el coordinador identifica qué instituciones pueden prestar ese servicio. “Por ejemplo, si necesita trabajo se podría hacer el vínculo con una ONG o un municipio. O en el caso contrario, si la persona quiere regresar a su país, lo podría ver con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). O con la Fiscalía, porque puede ser un caso judicializado y puede colaborar en el retorno. Ahí vamos identificando en función a la situación y de los recursos disponibles de las instituciones”, explica Madsen.

Intervención

Luego de la coordinación intersectorial se informa a la institución receptora del caso que la prestación está disponible y se indica cómo debe orientar a la víctima. “Tratamos que la persona tenga solo un referente como contraparte para evitar la victimización secundaria. Para esto es el Protocolo y por esto hay solo un coordinador”, concluye.

Casos ingresados al Protocolo

Desde el año 2013, el Programa Apoyo a Víctimas ejerce la coordinación del Protocolo y para cumplir su labor utiliza el Sistema de la Red de Asistencia a Víctimas (SRAV). Esta plataforma informática permite reunir los datos sobre las características de las víctimas, del delito y la gestión realizada por las instituciones que forman parte del Protocolo.

Según el SRAV, entre 2013 y 2017 ingresaron 135 víctimas de trata. Durante el primer año ingresaron 5 casos, pero posteriormente aumentó, en particular en 2015 cuando ingresaron 72 personas.

Del total de las víctimas, el 57% son mujeres y el 43% son hombres. De acuerdo al tramo etario, la población se concentra entre los 18 y 29 años de edad, mientras que por nacionalidad se observa mayor presencia de bolivianas, colombianas y ecuatorianas. Las chilenas representan el 10% del total.

Respecto a las prestaciones solicitadas en el marco del Protocolo, la principal fue la regularización migratoria, que representa el 25% del total. Otras prestaciones más frecuentes fueron el alojamiento (14%), la atención de salud física (8%) y la orientación jurídica (8%).

Casos formalizados en Chile

De acuerdo al catastro realizado por la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, desde la promulgación de la Ley Nº 20.507 que tipifica este delito, han sido formalizadas 33 causas.

A lo largo del país, en el periodo 2011- 2017,  se han investigado 23 causas de trata sexual y 10 de tipo laboral, que comprenden un total de 214 víctimas. La mayor cantidad se concentra en la zona central del país, con un 52% en la Región del Maule, un 27% en la Región de O’Higgins y un 26% en la Región Metropolitana.