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10 de abril de 2019

PAV pone a disposición ayuda sicológica y jurídica a familiares del estudiante apuñalado afuera de un colegio en El Bosque

Este lunes, un joven de 17 años habría atacado con un arma blanca a un estudiante en la entrada del colegio Dagoberto Godoy, ubicado en la comuna de El Bosque. La víctima fue trasladada de inmediato al CESFAM El Roble, donde falleció minutos más tarde. El agresor fue detenido y ambos habrían tenido disputas anteriores, cuando eran compañeros en el mismo establecimiento.

Tras el lamentable hecho, profesionales del Servicio de Intervención Inmediata del Programa Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, llegaron al centro asistencial y se acercaron a los familiares del fallecido. En el momento, se entregó contención emocional y orientación sicosocial y jurídica.

Paralelamente, la jefa del PAV, Paulina Rodríguez, se trasladó hasta el colegio Dagoberto Godoy para ofrecer contención a la comunidad educativa. “Como Programa nos corresponde poder apoyar tanto social como sicológicamente a todas las víctimas secundarias. En este caso, a la familia y a la comunidad escolar. Es necesario que se acompañe y se apoye, porque la vida sigue y es parte de los procesos que cada uno tiene que vivir. Por eso estamos nosotros aquí, respaldando”, indicó.

La noche del mismo día, compañeros, padres y apoderados se reunieron fuera del colegio y participaron en una velatón en honor al estudiante fallecido.

Al respecto, la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, mostró la preocupación del Gobierno ante el hecho. “La responsabilidad respecto al colegio obviamente tiene que ser parte de una investigación, pero preocupa muchísimo que haya portado un cuchillo un menor de 17 años y que le haya quitado la vida a otro”, dijo. Asimismo, agregó que “existen diversos planes de trabajo en Carabineros con la seguridad de los colegios en los horarios que generalmente entran y salen los estudiantes. Sin embargo, una situación como ésta era muy difícil de prever”.

El imputado quedó en internación provisoria durante 90 días, mientras se desarrolla la investigación, y arriesga hasta cinco años y un día de cárcel en caso de ser declarado culpable.