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13 de agosto de 2019

Ocho años de cárcel para conductor ebrio que provocó fatal accidente de tránsito en Coquimbo

Huyó del lugar sin prestar la ayuda necesaria a las víctimas y sin reportar el hecho a la policía. En la madrugada del 29 de octubre de 2017, Roberto Felipe Arancibia Acuña (22) conducía a exceso de velocidad y con 1,43 gramos de alcohol en la sangre por la Ruta 5 Norte. A la altura del Colegio Adventista, colisionó por alcance con otro vehículo: una de las ocupantes perdió la vida y otra quedó incapacitada de por vida.

Luego de un año y nueve meses de lo ocurrido, el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena determinó la culpabilidad de Arancibia Acuña y lo condenó a 8 años y un día de cárcel: 5 años por el delito de manejo en estado de ebriedad y 3 años y un día por la fuga.

La Ley del Tránsito prohíbe conducir bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. La Ley de Tolerancia Cero Alcohol establece que presentar entre 0,31 y 0,79 de gramos de alcohol por litro de sangre es bajo la influencia del alcohol. En tanto, cuando se exceden los 0,8 se habla de estado de ebriedad. Además, tipifica como delito la acción de huir del lugar después de causar un accidente y negarse a la realización de cualquier prueba que determine sustancias en la sangre.

En esta causa, los afectados por el accidente recibieron apoyo psicológico, social y jurídico en los Centros de Apoyo a Víctimas (CAVD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito ubicadas en Coquimbo y en La Serena. María José Duarte, abogada del CAVD de Coquimbo, representó jurídicamente al padre de la víctima fatal y a la persona que quedó incapacitada de por vida. Después de los meses de investigación, junto al Ministerio Público, lograron presentar los antecedentes suficientes para conseguir una condena histórica.

“La gente necesita sentirse apoyada y protegida por un abogado. Necesitan tener esa certeza de que alguien se está preocupando por su causa, en qué estado está y que puede pedir diligencias a nombre de ellos. Sus requerimientos los trasladamos al área jurídica y lo transmitimos al fiscal. Ésa es nuestra labor”, señala la abogada querellante.

Duarte explica que esta asesoría también contempla presentar las expectativas respecto a la condena que arriesga el tipo de delito. En este caso en particular, se aplicó la Ley Emilia porque se logró comprobar que el conductor al provocar el fatal accidente, conducía en estado de ebriedad y no habría facilitado la ayuda necesaria a las víctimas.

“Que haya sido condenado a 8 años y un día es un cumplimento efectivo, es decir, con cárcel, y no podrá optar a ningún tipo de beneficio. Es la pena más alta a nivel regional por este delito. Las personas van a pensar dos veces antes de salir alcoholizados”, concluye Duarte.