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26 de junio de 2020

Comparten experiencias de la modalidad de teletrabajo en la intervención jurídica de los CAVD

La emergencia sanitaria ha obligado a adaptar los procedimientos y protocolos en el proceso penal. En este contexto, el Ministerio Público y el Poder Judicial han ampliado los criterios para continuar con las acciones judiciales. Para compartir las soluciones y alternativas que han implementado distintas jurisdicciones, abogados y abogadas de todos los Centros de Apoyo a Víctimas (CAVD) participaron en sesiones de videoconferencia para revisar la intervención jurídica que realizan en modalidad teletrabajo.

En total, se realizaron cuatro jornadas encabezadas por los asesores jurídicos de la Unidad de Intervención para indagar las situaciones que se han presentado. “Destacamos la creatividad y el profesionalismo que todos han dispuesto para solucionar problemas tan concretos como la tramitación de poderes simples o autorizaciones de poder en los tribunales”, apunta Wilfredo Sequeida.

Precisamente, uno de los desafíos que se han enfrentado los abogados de los CAVD es conseguir la firma de los usuarios. La coordinadora y abogado del Centro de Apoyo a Víctimas de Colina relata que, para obtener un poder, una mujer adulto mayor tuvo que transcribir con su puño y letra los tres párrafos del documento para firmarlo. Después envió la fotografía del cuaderno junto a su cédula de identidad. “En fiscalía han sido bien flexibles y han permitido que nosotros remitamos a través de WhatsApp los pantallazos de los escritos de delegación de poder de nuestros usuarios para acreditarnos”, señala Paula Llanos.

En relación con los Juzgados de Garantía, Paula comenta que ha sido “un poco más complejo”, porque los escritos de patrocinios y poder deben ser autorizados por un ministro de fe. Explica que se presenta el documento en la oficina judicial virtual -la página web del Poder Judicial- y luego el ministro de fe convoca una reunión por Zoom para que el patrocinado dé su consentimiento para ser representado por el abogado.

Si bien Paula aún no ha presentado un patrocinio y poder ante el tribunal, dice que se anticipó y coordinó con el ministro de fe. “Le planteé la posibilidad de efectuar esa constatación a través de otros medios, en atención a que no todos nuestros usuarios tenían acceso a internet o facilidades computacionales. Él me dijo que habían funcionado bien con la plataforma, pero estaban abiertos a evaluar otro tipo de modalidad en casos especiales”, expone Paula. Igualmente, complementa que otros abogados mencionaron que lograron hacer este trámite con la Clave Única.

Similar es la situación de la abogada del CAVD de Arica, Stephanie Urquhart, quien indica que en algunos casos ha podido tramitar patrocinios y querellas vía online sin problema y que tanto tribunales como la fiscalía han dado facilidades para dar soluciones, “algunas vueltas más largas que otras, pero todo se ha logrado conversando”.

Al compartir estas experiencias, los centros pudieron concluir que en cada ciudad están actuando de manera distinta. “Si no hay unificación de criterios, al menos nosotros, como Centros de Apoyo a Víctimas tratemos de unificar las formas de actuar y ante cada problema conversar para solucionarlo”, plantea la también coordinadora del centro de Arica.

Esa diferencia de criterios también se manifiesta en la realización de juicios orales y el desafío que implica hacerlo virtualmente. La abogada del CAVD de Puerto Montt será, a nivel nacional, una de las primeras que enfrentará esta instancia en modalidad de videoconferencia. Según Paula Bustamante, en la región “el tribunal es de la idea que los juicios se hagan porque no se pueden seguir acumulando procesos judiciales, sino de aquí a fin de año va a colapsar el sistema”. Por el contrario, en la Región de Coquimbo todos los juicios orales están postergados, “no quieren hacerlos de manera virtual”, advierte Natalia Tapia, abogada del CAVD de La Serena.

Además de la tramitación en acciones judiciales en modalidad de teletrabajo, estas sesiones permitieron reforzar el instructivo jurídico del Programa, abordar los Casos de Conmoción Pública y la ley Gabriela. “Este contexto de emergencia nos abre la posibilidad de ponernos creativos y de crear soluciones innovadoras que permitan dar cumplimiento a los estándares que establece la ley, para poder comparecer en un proceso penal utilizando las herramientas tecnológicas que existen”, expresa Paula Llanos.